El subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, se manifestó respecto a la compleja situación judicial que atraviesa el Complejo Agroindustrial San Juan SA, cuya firma se encuentra en concurso preventivo hace años y lleva ya cinco años sin moler caña de azúcar.  “Algo huele mal en el Ingenio San Juan y no es la cachaza, es el verbo nucetear”, ironizó.

El funcionario municipal hizo un extenso repaso de la historia del complejo, de las idas y vueltas judiciales que tuvo, y finalmente denunció que un grupo empresarial estaría intentando negociar por U$S 5 millones un capital valuado en unos U$S 40 millones.

Romero recordó que el complejo fue privatizado durante la dictadura en favor de los hermanos Hugo y Ramón Jorge. “Los accionistas del complejo eran dos sociedades off shore, uruguayas: Pike River y Agustine que no hace falta que explique que estaban listas para el fraude”, dijo. Mencionó también que en 1995 se concursaron, por lo que “requerían dos tipos de mayorías para ser homologados, por lo que los Jorge se hicieron socios de Pepe y Tomás Figueroa, y por el Art. 45 de la ley de Concurso y Quiebra, se les concede un periodo de exclusividad, sin que puedan acordar con los acreedores, por lo que se abrió el cramdown o salvataje por terceros interesados previsto en el Art. 48 de la misma Ley”.

El dirigente justicialista mencionó que llamaron a “inscripción de interesados en negociar con los acreedores, y ser adjudicatarios del paquete accionario, lo que ocurrió con Constructora del Tucumán S.A, que extinguió la deuda concursal y la pos concursal existente al 2001”.

“La empresa Marcas S.R.L inscripta en el salvataje impugnó el acuerdo con los acreedores, siendo rechazada por el Art.59, que sólo habilita a los acreedores a impugnar. La Apelación llega en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el argumento de que existían dos conformidades que no estaban en regla: la de la AFIP y Rentas”, mencionó Romero.

El funcionario repasó que en diciembre de 2015 la CSJN dictó una revocatoria habilitando la queja para que se revisen las conformidades, deudas que hacía más de 10 años estaban canceladas, y la Corte Tucumana anuló la homologación. “Marcas S.R.L desistió y correspondería se dicte sentencia confirmando a Constructora del Tucumán S.A., sin embargo el juez Lafuente devolvió la administración a los Jorge el 21 de junio del 22, que vendieron con autorización judicial 70 hectáreas, y con la venta despidieron a todo el personal, desnaturalizando la esencia del salvataje que no era otro que la continuidad de la empresa”, expresó.

“A la fecha el doctor López Vallejo apoderado de los Jorge, designa al doctor Alejandro Torres, íntimo amigo del vocal Antonio Estofan, para la restitución de tenencia y actos de administración el 22 de junio del 2022, y este a su vez el 9 de agosto de 2022, se presenta como ‘apoderado’, solicitando la liberación de fondos y designando como administrador judicial a Nicolás Bougeau”, expuso.

El subsecretario de Tránsito afirmó que los Jorge otorgaron una autorización “a Mariano Poliche (pariente político de Bougeau) por 180 días con la facultad para negociar: 1.500 hectáreas agrícolas por un valor de U$S 19 millones; 240 hectáreas urbanas y sub urbanas por un valor de U$S 9 millones; el espacio del Ingenio y las máquinas por un valor de U$S 12 millones de dólares. O sea, un total de U$S 40 millones”.

“Mientras tanto un grupo autodenominado Trancas intenta por U$S 5 millones quedarse ilegal e ilegítimamente con U$S 40 millones de dólares, mientras la Justicia lee el expediente a la velocidad de un caracol. Algo huele mal en el Ingenio San Juan y no es la cachaza, es el verbo nucetear”, ironizó Romero.